La ley internacional de derechos humanos pide a los gobiernos que permitan y suministren información que ayude a las personas a proteger su salud reproductiva y su derecho a tomar decisiones (109). Se ha exhortado a los gobiernos a poner fin a las restricciones impuestas a la distribución de condones (256) y a reformar la legislación que prohíbe la promoción y publicidad de los condones (212, 592). El Programa de Acción de la CIPD de 1994 en El Cairo declaró que la promoción y distribución de condones deberá ser parte integral de la atención de salud reproductiva e instó a la OMS y a otras organizaciones internacionales a aumentar la adquisición de condones (543). La OMS y otras organizaciones internacionales han pedido a los gobiernos que garanticen que su población tenga información sobre los condones y acceso a éstos (156, 256, 257, 397, 540, 595).

Las políticas nacionales relacionadas con el VIH/SIDA y otras ITS vacilan entre dar más importancia a la prevención o al tratamiento (491). Algunos temen que si se crean y financian nuevos programas para prevenir la propagación del SIDA y otras ITS puede quitarse el apoyo prestado a los programas de tratamiento establecidos (577). Esto fue lo que ocurrió en Sudáfrica, donde en 1988 el Ministro de Salud provocó el enojo de los médicos cuando terminó la financiación del tratamiento con AZT de las mujeres embarazadas infectadas por el VIH, argumentando que el dinero estaría mejor gastado en la prevención (149).

Muchos creen que la concentración en la prevención representa la mejor esperanza de contener la epidemia, a menos que pueda encontrarse una vacuna o una cura (22, 24, 182, 414, 439, 587). Aun si se encontrara una vacuna, los condones seguirán siendo importantes para protegerse contra muchas otras ITS (223).