Contenido
Capítulos
- Por qué es importante
la elección informada
- La toma de decisiones
sobre la planificación familiar
- Políticas para la elección
informada
- La comunicación para
una elección informada
- Mejoramiento del acceso
- La administración en pro
de la elección informada
- Mejor comunicación entre
clientes y proveedores
Temas principales
Publicación del Population Information Program, Center for Communication Programs, The Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health, 111 Market Place, Suite 310, Baltimore, Maryland, 21202, USA.
Volumen XXIX, Número 1
Primavera de 2001
Serie J, Número 50
Programas de planificación familiar |
Los gobiernos nacionales pueden ayudar a asegurar el derecho a la elección informada si convierten el principio en ley. Por ejemplo, de acuerdo con la enmienda de 1974, el artículo 4 de la constitución de México establece que todo individuo tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada el número y espaciamiento de sus hijos (376). De acuerdo con ese principio, ese mismo año México estableció el Consejo Nacional de Población (CONAPO), compuesto por ocho ministros de estado para asegurar que todos los grupos sociales de todas las regiones tengan acceso a servicios de planificación familiar y salud reproductiva (428).
En varios otros países, incluidos Malasia, Perú y Zambia, la legislación protege explícitamente la elección informada (71, 131, 344). De manera similar, en Buenos Aires, Argentina, una ley municipal aprobada en 2000 reconoce “los derechos sexuales y reproductivos libres de violencia y coerción como derechos humanos básicos” y garantiza el acceso de mujeres y hombres a información, métodos y servicios anticonceptivos (473). Si los gobiernos incorporan en sus leyes normas sobre la elección informada, los tribunales pueden hacerlas cumplir (87).
La legislación nacional y otras políticas referentes a la elección informada funcionan mejor si cuentan con el apoyo de altos funcionarios del gobierno. Durante su carrera en la administración pública, por ejemplo, Juan Flavier, ex secretario de salud de las Filipinas, fue un ardiente partidario del derecho de las personas de tomar sus propias decisiones acerca de la planificación familiar, y lanzó, por ejemplo, una campaña de comunicación nacional para informar sobre las opciones acerca de la planificación familiar (18, 377). Bajo su liderazgo entre 1992 y 1994 se quintuplicaron los fondos destinados a la planificación familiar, los programas ofrecieron una variedad más amplia de métodos anticonceptivos, y el número de personas que practicaban la planificación familiar aumentó considerablemente (347).
Los gobiernos nacionales desempeñan el papel más importante en la elaboración y aplicación de normas para los servicios en los sectores público y privado, incluidas las directrices para la prestación de servicios (67, 426). Las directrices nacionales sobre planificación familiar son más precisas cuando están basadas en documentos del consenso internacional, como los criterios de elegibilidad establecidos bajo los auspicios de la OMS (467). En 1988, 54 países estaban en vías de actualizar o diseminar nuevas directrices para la prestación de servicios, en parte para eliminar barreras que previenen o restringen innecesariamente el acceso a los servicios (280). Muchas de estas nuevas directrices establecen que todas las personas, inclusive los adolescentes, prescindiendo de su estado civil, tendrán derecho a la información y los servicios de planificación familiar y acceso a ellos (177, 396, 412, 432).
Las políticas gubernamentales suelen determinar de qué métodos anticonceptivos se dispone en un país y cómo deberán ponerse al alcance de la gente. Esas políticas incluyen la aprobación y registro de productos anticonceptivos; requisitos para la prescripción; inclusión en la lista de medicamentos esenciales; reglamentos sobre la venta, distribución o prestación de servicios; restricciones a la práctica médica privada y medidas sobre la publicidad (93, 205, 224).
Las limitaciones impuestas por los gobiernos en la prestación de servicios pueden dificultar la obtención de servicios de planificación familiar, por ejemplo, si las píldoras sólo pueden obtenerse con prescripción médica, o si los condones se venden únicamente en las farmacias (236). Las políticas impositivas y de importación que incrementan los costos de los productos, como por ejemplo, los aranceles de importación, los cupos y el control de cambios suelen limitar la elección y el acceso al impedir que los sectores privados y sin fines de lucro suministren anticonceptivos (94, 132, 133). En cambio, las políticas que apoyan la descentralización o la toma local de decisiones, pueden contribuir a que se amplíe el acceso a la planificación familiar al responder mejor a las necesidades específicas de la comunidad (185).
Las restricciones del gobierno impuestas a la publicidad y promoción de medicamentos con receta o de métodos de planificación familiar o marcas generalmente llevan a que la gente tenga menor información sobre la planificación familiar (5, 236). Cuando los gobiernos eliminan las restricciones sobre la publicidad de anticonceptivos y aumentan el tiempo dedicado a su radiodifusión, las personas pueden obtener más información que les ayude a tomar por sí mismas decisiones acerca de la planificación de la familia (72).
Las políticas que prohíben ciertos métodos por completo restringen la elección. Japón prohibió los anticonceptivos orales para la planificación familiar hasta 1999, cuando los que abogan por los derechos de la mujer consiguieron que se derogara la prohibición basándose en que las mujeres necesitaban tener más opciones. Algunos legisladores argumentaron que si se permitía la píldora, disminuiría el uso de condones y aumentarían así las ETS, incluido el VIH/SIDA. En Japón se requiere ahora que los proveedores de servicios que recetan la píldora adviertan a las mujeres que ésta no las protege contra las ETS y que aconsejen a quienes la toman y no son monógamas usar condones para estar doblemente protegidas (302, 430).
Algunos países, China y la India en particular, han limitado, en efecto, la elección de anticonceptivos mediante políticas que promueven la anticoncepción prolongada y permanente en lugar de métodos temporales (78, 463). Aunque el gobierno de la India aboga ahora por una mezcla más amplia de métodos anticonceptivos, algunos proveedores de servicios de planificación familiar aún no están preparados para ofrecer otros métodos temporales (153, 199). |
