Contenido
Capítulos
  1. Por qué es importante la elección informada
  2. La toma de decisiones sobre la planificación familiar
  3. Políticas para la elección informada
  4. La comunicación para una elección informada
  5. Mejoramiento del acceso
  6. La administración en pro de la elección informada
  7. Mejor comunicación entre clientes y proveedores
Temas principales

Publicación del Population Information Program, Center for Communication Programs, The Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health, 111 Market Place, Suite 310, Baltimore, Maryland, 21202, USA.

Volumen XXIX, Número 1
Primavera de 2001
Serie J, Número 50
Programas de planificación familiar

Eliminación de metas,
incentivos y desincentivos

Las políticas que establecen metas demográficas, incentivos y desincentivos en las políticas y programas de planificación familiar no son deseables pues se centran en alcanzar objetivos numéricos en lugar de satisfacer las necesidades de salud de la gente. Las políticas que restringen la elección de métodos de planificación familiar son menos comunes ahora que en el pasado. No obstante, continúan surgiendo ocasionalmente y siguen siendo objeto de preocupación (324, 443).

Metas. Ciertas estadísticas, como el número de clientes atendidos, años-pareja de protección, tasas de continuación y tasas de fecundidad pueden resultar valiosas para la administración y planificación y para proyectar las necesidades del programa (350). Por otra parte, si sirven de metas programáticas o de cumplimiento, ponen en peligro el principio de la elección informada y amenazan los derechos de los clientes (1, 70, 255, 446, 449, 450).

Las metas programáticas se originaron en los años sesenta y setenta, cuando algunos países pusieron en marcha programas de planificación familiar por considerar que el rápido crecimiento de la población amenazaba el bienestar nacional y la gente necesitaba comenzar a tener menos hijos inmediatamente. Hoy día los países han abandonado, en su mayoría, esas políticas en respuesta a las objeciones de los defensores de la atención de buena calidad y los derechos de la mujer y de otros grupos (207, 331).

Cada vez más, los gobiernos reconocen que la mejor manera de abordar las inquietudes generadas por el rápido crecimiento de la población no es mediante el establecimiento de metas demográficas, sino mediante la inversión en programas de planificación familiar de mejor calidad que ayuden a la gente a satisfacer sus propias metas reproductivas (388). Por ejemplo, en marzo de 1998 Perú reformó las políticas de planificación familiar a fin de eliminar las metas programáticas que en 1997 incluían como objetivo la realización de 130.000 procedimientos de esterilización para ese año (71). Esta meta había ejercido presión en los centros de salud locales para efectuar esterilizaciones incluso entre las mujeres que no habían dado su consentimiento.

El programa de planificación familiar de China, que perseguía la política del “hijo único” hasta mediados de los años noventa, ha comenzado a ofrecer más servicios orientados hacia los clientes, y los reglamentos gubernamentales prohíben ahora que los agentes de planificación familiar impongan la anticoncepción a los clientes. No obstante, el gobierno central aún tiene que poner plenamente en vigor las nuevas políticas, y muchas prácticas locales no han cambiado mucho (67, 333, 385).

Incentivos y desincentivos. El ofrecimiento de incentivos a los clientes y la creación de desincentivos para influir en la elección de métodos de planificación familiar puede interferir con la elección informada (207, 364), así como también el pago a trabajadores independientes por la búsqueda de clientes (81). En su mayoría, los países nunca han ofrecido incentivos o desincentivos, mientras otros los han desechado. Pero algunos programas aún premian a los clientes que aceptan un método anticonceptivo (36, 261, 385). Los programas de planificación familiar han ofrecido a los clientes dinero, mercadería, ropa, aumento de la ración de alimentos, tratamiento de preferencia para la vivienda y alicientes parecidos (261, 456, 476).

La política de población considerablemente más extrema de todas fue la de la India entre 1975 y 1977, cuando el gobierno proclamó el estado de emergencia, suspendiendo los derechos civiles (398). El gobierno inició un programa de esterilización en gran escala, ofreciendo incentivos como trabajos de pavimentación de caminos para los hombres y en algunas zonas obligó a miles de personas a someterse a la esterilización (456). Estas medidas provocaron una violenta reacción pública y llevaron a que cundiera el temor por la planificación familiar en todo el país. También contribuyeron a la derrota electoral del partido en el poder en 1977 (207, 398).

Se debate actualmente qué es lo que constituye un incentivo real. Algunos dicen que está justificado pagar a los clientes si esto ayuda a superar el miedo y la inercia para probar los métodos anticonceptivos reversibles (81, 406). Otros han argumentado que el pago a los clientes es aceptable si se los reembolsa por los gastos de poca monta en que incurren para obtener anticonceptivos, como gastos de viaje o comidas, puesto que esas sumas se consideran insignificantes y no influyen en el comportamiento del cliente respecto de la planificación familiar (338, 404).

En Bangladesh, donde los programas de planificación familiar ofrecen ropa limpia, alimentos subsidiados en el hospital y el equivalente de US$3 a las personas que optan por la esterilización (226), la suma pagada está destinada a cubrir los costos y compensar las horas de trabajo perdidas. Se desconoce si estos pagos influyen en la decisión de la gente respecto de la planificación familiar (225).

Los desincentivos están generalmente destinados a tener efecto después de que la pareja tiene un número determinado de hijos. Los desincentivos pueden incluir la pérdida de licencia por maternidad, restricciones del acceso a la vivienda pública, limitaciones en la elección de estudios e impuestos más altos (142, 340, 385). La asamblea nacional de Irán aprobó una ley puesta en vigor en 1994 por la cual se prohíbe otorgar beneficios públicos, como licencia paga por maternidad y subsidios de asistencia social a las mujeres de bajos ingresos, a quienes después de tener tres hijos tienen otro más (8).

Puesto que los desincentivos reducen en efecto el ingreso familiar, los pobres son los que más sienten su impacto (456). Algunos desincentivos incluso están dirigidos a los niños “en exceso”, castigándolos por el comportamiento de los padres (207). Por ejemplo, en el estado de Maharastra, en la India, se niega la entrega de cereales subvencionados para el tercer hijo de una familia que de otra manera llena los requisitos necesarios (381).

En Europa, donde en varios países la tasa de fecundidad ha descendido por debajo de la tasa de reemplazamiento de aproximadamente dos hijos por mujer, los gobiernos han tratado de incitar a los habitantes a tener más hijos mediante diversos incentivos y desincentivos (142, 251, 264, 452). De 1966 a 1989 el gobierno de Rumania tomó medidas pronatalistas e impuso un impuesto a las parejas sin hijos y limitó el acceso a la anticoncepción (97). Pero a largo plazo las políticas que promueven la procreación han tenido poco efecto (96, 314, 472).


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