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Publicación del Population Information Program, Center for Communication Programs, The Johns Hopkins University School of Public Health, 111 Market Place, Suite 310, Baltimore, Maryland 21202, USA. Número publicado en colaboración con el: Center for Health and Gender Equity (CHANGE) es una organización dedicada a la investigación y promoción que busca integrar el interés por la igualdad de los géneros y la justicia social en las políticas y prácticas internacionales de salud. Se puede comunicar con el personal de CHANGE por correo electrónico dirigiéndose a: change@genderhealth.org or at http://www.genderhealth.org. Volumen XXVII, Numero 4 Temas sobre salud mundial |
Incremento de los costos para los que cometen abusoEn los Estados Unidos los estudios muestran que las tasas de violencia interpersonal disminuyen en respuesta a políticas y legislación a raíz de las cuales el comportamiento violento resulta más costoso para los que cometen abuso (137). Los países occidentales se han apoyado mucho en el sistema de justicia penal para lograr este objetivo, y en respuesta al activismo de las mujeres muchos países en desarrollo han seguido el ejemplo. Por lo menos 53 países han aprobado legislación contra la violencia en el hogar. Más de 27 han promulgado leyes contra el acoso sexual, y 41 consideran ahora que la violación en el matrimonio es un delito (82, 346, 443, 480). Aunque dicha legislación varía, casi todas las leyes incluyen alguna combinación de mandatos de protección o restricción y de penas mayores para los transgresores. Los mandatos de protección permiten que los jueces saquen temporalmente del hogar al agresor y le ordenen que busque asesoramiento, consiga tratamiento para el abuso de sustancias, pague el mantenimiento y alimentos para los hijos, o alguna combinación de éstos. Si el hombre viola el mandato de protección, puede ser arrestado y encarcelado. Pero en la mayoría de los países los obstáculos, lagunas y distorsiones procesales restan fuerza a la capacidad de la ley para refrenar la violencia y para proteger a las mujeres y los niños (91). Los que aplican las leyes son jueces, fiscales y oficiales de policía, quienes, por ser hombres, comparten en muchos casos la misma actitud de la sociedad en general de culpar a la víctima. De modo que, además de aprobar leyes, es de suma importancia sensibilizar a los oficiales de policía, abogados, jueces y otros integrantes del sistema jurídico, y ayudar a las mujeres a conocer lo suficiente del sistema jurídico para poder ser capaces de hacer valer sus derechos. Además, muchas comunidades han explorado otros medios para hacerle pagar más al que comete el abuso por su comportamiento violento, como haciéndole sentir vergüenza en público, organizando piquetes de protesta frente a su casa o lugar de trabajo y obligándole a prestar servicios en la comunidad. Con estas prácticas se supone que la desaprobación de la comunidad puede ayudar a refrenar la violencia en el hogar. Como observa un activista de Camboya: “Si un hombre va a sentirse ‘despreciado’ por golpear a la esposa..., probablemente disminuya la violencia en el hogar” (488). En el estado de Texas, en Estados Unidos, por ejemplo, un juez con ideas innovadoras está sentenciando a los culpables de malos tratos a “condenas de vergüenza”, y ha ordenado, por ejemplo, a uno de estos hombres a pedir disculpas públicamente a la esposa en la escalinata del edificio de la municipalidad, y a otro a dar vueltas alrededor del centro comercial con un cartel en el que se lee: “Fui a la carcel por atacar a mi esposa. Usted podría estar en mi lugar” (173). De manera similar, los activistas de la India con frecuencia representan dharnas, una forma de humillación y protesta frente a la casa o el lugar de trabajo de hombres abusivos (305). Sostén para las necesidades de las víctimasLas necesidades de las víctimas son complejas. En una situación de crisis, una mujer necesita seguridad física, apoyo emocional y asistencia para resolver cuestiones tales como alimentos para los hijos y tutela de éstos, y oportunidades de empleo. Si decide presentar acusaciones contra el marido también necesita ayuda para negociar los procedimientos policiales y judiciales. Generalmente lo que más necesita es un ambiente seguro y protector en el que pueda explorar sus opciones y decidir qué hacer luego. En muchos países los defensores de los intereses de la mujer han respondido estableciendo centros de crisis u otros servicios para atender las numerosas necesidades de las mujeres y niñas maltratadas. En esos centros generalmente se ofrecen servicios médicos, jurídicos y de asesoramiento, por lo común en un mismo lugar. Esos servicios están financiados y dirigidos por el gobierno, y otros por organizaciones de mujeres u otras agrupaciones sin fines de lucro. Los servicios dirigidos por asociaciones de mujeres han sido los precursores de la formación de grupos de apoyo y de la orientación feminista no directiva destinada a habilitar a las mujeres. Los grupos de apoyo pueden desempeñar un importante papel en la reducción del sentido de aislamiento de las mujeres, permitiéndoles desarrollar un entendimiento común de la violencia y compartir estrategias para hacerle frente (408). En los países desarrollados generalmente se ha recurrido a los refugios para proteger a las mujeres en crisis. Los refugios, empero, son caros de mantener y requieren el desarraigo de las mujeres y sus hijos en el preciso momento en que los lugares familiares y la continuidad en la escuela y las amistades podrían ser un gran sostén. Las comunidades están experimentando ahora con otras maneras más económicas de brindar seguridad a las mujeres, como suministrar redes de hogares seguros y asilo en las iglesias donde las mujeres puedan buscar seguridad y apoyo. En países industriales como Suecia y los Estados Unidos, los gobiernos municipales y compañías particulares han ensayado entregar a las mujeres teléfonos móviles, dispositivos de alarma e incluso perros guardianes para ayudarlas a protegerse contra los compañeros abusivos (360). En otras partes los gobiernos han experimentado con estaciones de policía dotadas de personal exclusivamente femenino —una innovación que empezó en Brasil y ahora se ha difundido por toda América Latina y partes de Asia (267, 359). Las evaluaciones muestran que, aunque buenos en teoría, hasta la fecha esos esfuerzos han tropezado con muchos problemas (134, 205, 302, 305, 359, 432). Con el establecimiento de una estación de policía para mujeres ha aumentado el número de mujeres maltratadas que se presentan, pero a menudo estas mujeres requieren servicios, como asesoramiento jurídico y orientación emocional, que no existen en las estaciones. Además, no siempre se ha demostrado que sea cierta la suposición de que las oficiales, por ser mujeres, han de demostrar más simpatía por las víctimas. Las oficiales asignadas a las estaciones para mujeres a menudo han sido blanco del ridículo por parte de sus compañeras y se han desmoralizado. Para ser factible, esta estrategia debe ir acompañada de sensibilización para el trabajo de las oficiales, mecanismos para recompensar y legitimar el trabajo y prestación de una variedad más amplia de servicios (205, 305, 359). |
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